El “trancazo”, que duró seis horas, consistió en el cierre de decenas de vías en varias ciudades del país. Inició a las 12H00 hora local (16.00 GMT) hasta las 06H00 (18H00 GMT) y fue convocado por la autodenominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
La muerte de Duque está siendo investigada por el Ministerio Público (MP).
“Llamamos a que cese la violencia y construyamos junto al pueblo el camino de La Paz”, reiteró el ministro Reverol.
Desde abril, los dirigentes de la oposición venezolana han convocada varias protestas, que en su mayoría terminan en hechos de violencia, actos vandálicos y de terrorismo, que han dejado más de 80 muertos y más de mil heridos.
Las protestas violentas de la oposición también se han caracterizado por crímenes de odio contra personas señaladas como chavistas (simpatizantes de la Revolución Bolivariana y el Gobierno de Nicolás Maduro). Siete jóvenes han sido quemados vivos por manifestantes.
Los dos últimos casos ocurrieron el 2 de julio en Maracaibo, estado Zulia, donde dos jóvenes fueron quemados durante el denominado “trancazo” convocado por los dirigentes de derecha.
Uno de los crímenes de odio que más impactó a la sociedad venezolana ocurrió el 20 de mayo: el joven Orlando Figuera fue quemado y apuñalado en una protesta de la oposición y días después falleció por un paro cardiopulmonar a causa de las heridas. Fue señalado por sus atacantes como simpatizante del Gobierno venezolano.
También el asesinato de Almelina Castillo, ocurrido el 19 de abril, generó un fuerte repudio. La mujer falleció a causa de una herida en la cabeza provocada por el lanzamiento de una botella de agua congelada, desde un edificio de La Candelaria en Caracas. Almelina fue atacada mientras caminaba en dirección contraria a una marcha convocada por el Gobierno venezolano, con motivo del día de la independencia.
Una encuesta de la consultora privada Datanalisis reveló el 85 por ciento de los venezolanos no está dispuesto a participar en guarimbas (protestas violentas con cierre de calles) ni enfrentamientos con autoridades del orden público en Venezuela.
Asimismo, el 71 por ciento tiene la misma opinión sobre los cierres de calles, autopistas y avenidas, protesta denominada por la oposición como “trancazo”.
A pedradas los violentos atacaron autobuses de pasajeros en la autopista Francisco Fajardo
La empresa de transporte público Sittsa reportó en su Twitter que la unidad 6527 fue “atacada por manifestantes violentos a la altura del Distribuidor Metropolitano, con pasajeros a bordo”. Se desconoce si se trata de la misma unidad agredida.
En cinco días el TSJ dará su decisión tras antejuicio de mérito a la Fiscal General de la República
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, inició este martes la audiencia oral y pública contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, tras ser aprobada por la Sala Plena y por unanimidad las medidas cautelares que interpuso el diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Pedro Carreño.
En la actividad participaron el diputado Pedro Carreño y el presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab.
Moreno explicó que el procedimiento se lleva a cabo para determinar si la Fiscal incurrió en faltas graves a su investidura por responsabilidades éticas y morales.
En su intervención, el diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Pedro Carreño, indicó que el acto demuestra la vigorosidad de la democracia venezolana. “No faltarán los que aprovechando coyunturas y circunstancias difíciles busquen como volver al neoliberalismo”.
Asimismo, señaló que la Fiscal miente al afirmar que no avaló la elección de 33 magistrados hecha en 2015 por el anterior Parlamento de mayoría chavista. “En Venezuela hay un poder en conflicto que es el Poder Legislativo con el resto de los poderes y ahora una institución del Poder Ciudadano como lo es el Ministerio Público ha asumido esa ruin tarea de asumir el conflicto constante“.
A su juicio, una de las faltas de Luisa Ortega Díaz es haber atentado contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano, al deslegitimar al defensor del pueblo, Tarek William Saab y del contralor general de la República, Manuel Galindo, al denunciar públicamente que ambos cometieron errores al designar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia el pasado mes de diciembre.
En un segundo punto, indicó que la Fiscal incurrió en actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución, al contrariar las sentencias del TSJ. “Ella ha violado los principios fundamentales establecidos en la Constitución al realizar actos de activismo político, sindical o partidista”.
Entre las evidencias de activismo político, refirió que Luisa Ortega Díaz recibió en su despacho a un grupo de fiscales del Ministerio Público, quienes dentro de la instalación gritaron “a viva voz y en coro: este Gobierno va a caer”.
Por su parte, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, aseguró que existe un documento en el cual se observa la falta de la firma de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y en la cual están las firmas de Tarek William Saab y de él mismo.
“Existe otro documento que quienes me antecedieron no consignaron, que es el oficio de la convocatoria de la sesión donde se trataría lo relacionado de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, donde consta que sí se celebró la sesión de ese día”, dijo.
Asimismo, Galindo solicitó a la Sala Plena del TSJ que sometan a los cuatro miembros del Consejo Moral Republicano a un careo de testigos para que Ortega Díaz desmienta que estuvo presente en la reunión.
“Yo solicitaría que nos sometan a los cuatro, la Fiscal General de la República, el Defensor del Pueblo, la Secretaria Ejecutiva Permanente del Consejo Moral Republicano y mi persona, a un careo; similar a un careo de testigos, para que la ciudadana Luisa Ortega Díaz, en su carácter de Fiscal General de la República, desmienta que esa reunión se llevó a cabo, dejo esto plasmado para que la Sala considere lo que crea pertinente”, finalizó.
Igualmente, Galindo solicitó ante la Sala Plena del TSJ iniciar un procedimiento penal contra la ex secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, por su presunta vinculación en hechos que atentan contra el orden constitucional del país en alianza con la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz.
El parlametario Pedro Carreño introdujo el pasado 16 de junio, un documento en el que pide evaluar posibles antejuicio de mérito contra la Fiscal por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo.
Las medidas cautelares acordadas por la Sala Plena en aras de garantizar el cauce procesal respectivo consisten en lo siguiente: prohibición de salida del país de la ciudadana Luisa Ortega Díaz; prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes, y congelar todas sus cuentas bancarias.
En la decisión se ordenó notificar a Luisa Ortega Díaz, Pedro Carreño y a Tarek William Saab a los fines de comparecer a la celebración de la aludida audiencia.
