Los jueces resolvieron juzgar al teniente 1º retirado Rafael Félix López Fader, de 72 años, y Eduardo Alfonso, de 69, ex integrantes de la guarnición de Campo de Mayo del Ejército, por hechos que ya fueron acreditados en juicios anteriores pero que sentaron en el banquillo a otros acusados, para lo que acumuló dos causas.
López Fader está imputado por la privación ilegal de la libertad y tormentos que tuvieron como víctimas al ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto y a su secretario Juan José Fernández, y por el homicidio agravado de Muñiz Barreto y la tentativa homicidio de Fernández.
Alfonso, a su vez, llegará al juicio acusado por la privación ilegal de la libertad de Beatriz Recchia -quien se encontraba embarazada-, secuestrada junto a su hija Juliana Inés García y por el homicidio de Domingo Antonio García.
Ambos militares, a pesar de las diferencias de edad y de grado, fueron camaradas de la promoción 98 del Colegio Militar, y egresaron del mismo como subtenientes a fines de 1967.
López Fader, un oficial de inteligencia, participó del primer secuestro del empresario Osvaldo Sivak, siendo uno de quienes lo secuestraron a punta de pistola en 1979. Y aunque llegó a prestar funciones en la Casa Rosada estando prófugo durante la presidencia de Carlos Menem, finalmente fue condenado a cinco años de prisión por aquel hecho.
En cuanto a Alfonso, que fue secretario general del Ejército cuando su titular era el general Ricardo Brinzoni fue detenido en 2008, pero la Cámara Federal de San Martín le permitió la libertad ambulatoria, lo que permitió que se fugara al Paraguay donde permaneció bajo falsa identidad hasta julio del año pasado, cuando se presentó a la justicia.
En la audiencia preliminar de agosto último, el fiscal general Marcelo García Berro había pedido al Tribunal la unificación de seis causas por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en Campo de Mayo, con el fin de acelerar el juzgamiento de diez procesados con la misma característica: nunca sometidos a juicio e imputados por hechos acreditados en procesos anteriores.
Según el planteo de la fiscalía, al que adhirieron las querellas, de esa manera se reducirían los tiempos del debate y se definiría la situación de los personas procesadas, que están detenidas en prisión preventiva, en su mayoría bajo el régimen de arresto domiciliario.
En su resolución, el Tribunal entendió que la solicitud era "razonable" pero la acogió parcialmente y anticipó que el resto de las causas "irán proveyéndose en cada oportunidad de acuerdo a las alternativas y soluciones que se encuentren con la integración y agenda del tribunal".
El TOF 1 de San Martín llegó a esta decisión en el marco de una situación compleja, derivada del hecho de tener en espera 24 causas por crímenes de lesa humanidad sin fecha de iniciación.
Además, este Tribunal cuenta sólo con una jueza titular, Marta Milloc -que se jubilará a partir del 1 de noviembre próximo-, un juez subrogante y un cargo vacante.
En este contexto, el fiscal García Berro también le solicitó al TOF que de "urgente" intervención a la Cámara Federal de Casación Penal para que designe a tres jueces -dos titulares y un cuarto juez suplente- para integrar el tribunal en todas aquellas causas que están ya en condiciones de ser juzgadas.
