En un pleno histórico y que marcará un antes y después en la historia de Cataluña y de España, el soberanismo ha firmado la secesión por 70 votos a favor, 10 en contra y dos abstenciones, y aboca a la comunidad autónoma a una situación de consecuencias imprevisibles.
El voto secreto ha sido apoyado tanto por la Candidatura de Unidad Popular (CUP) como por Junts pel Sí, cuyo portavoz adjunto, Roger Torrent, ha pedido una votación nominal y en urna con el fin de evitar posteriores acciones penales, tras la advertencia de los servicios jurídicos del Parlament de que el texto no podía votarse debido a que la ley en la que se sostiene está anulada por el Tribunal Constitucional.
Además de los diputados de Junts pel Sí y la CUP, han participado en la votación los 11 diputados de Catalunya Sí Que Es Pot, encabezados por Joan Coscubiela, que han votado no. Todos ellos han mostrado su voto, excepto los tres de Podem (Albano Dante Fachin, Joan Giner y Àngels Martínez Castells), que no lo han enseñado.
Antes de producirse la votación, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha leído la propuesta de Junts pel Sí: “en virtud de lo que se acaba de exponer, constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, ha dicho.
En virtud de lo que se acaba de exponer, constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”, dice la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Casi a la misma hora, el Senado dará luz verde en una jornada clave —el día decisivo de este proceso— a la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que supondrá la intervención de Cataluña por parte del Estado y la destitución del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y de todo el gobierno regional.
Nada más finalizar la votación, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llamado a la “tranquilidad” y ha dicho que “restaurará la legalidad en Cataluña”.
Puigdemont había expresado anteriormente su desacuerdo con la aplicación del 155, como lo tiene planeado el Gobierno de Madrid para provocar la destitución del Govern y la limitación de los poderes de la cámara catalana, entre otras medidas, hasta convocar elecciones regionales antes de seis meses.
Aparentemente, toda posibilidad de diálogo entre Madrid y Barcelona murió el miércoles cuando el presidente de la Generalitat rehusó acudir al Senado español a presentar sus alegaciones y conversar con las autoridades españolas sobre el futuro de Cataluña.
