Los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, de la Sala II de la Casación, declararon inadmisible el recurso interpuesto por la defensa de Lona contra el rechazo de los planteos de nulidad y la solicitud de devolución del expediente a la etapa de instrucción, informó hoy el CIJ.
De esta manera, ratificó la resolución del Tribunal Oral Federal 2 de Salta que rechazó esos planteos formulados por el abogado Federico J. Rodríguez Spuch, defensor de Lona.
En esta causa, que se encuentra ya en etapa de juicio, se juzga a Lona por presuntos delitos cometidos en la investigación de la privación ilegal de libertad y desaparición de Ragone, el homicidio del testigo Santiago Catalino Arredes y las lesiones a Margarita Martínez de Leal, quien también presenció el secuestro.
La etapa de instrucción fue cerrada por el juez federal Fernando Poviña tras la investigación en la que los fiscales Carlos Amad y Francisco Snopek acusaron a Lona como autor de prevaricato, omisión de promover la persecución y represión de los delincuentes y encubrimiento de los hechos.
Ragone fue secuestrado el 11 de marzo de 1976 después de salir de su casa en la ciudad de Salta por un grupo de represores que lo desvanecieron y arrojaron al asiento trasero de su propio auto.
Arredes, dueño de un almacén vecino y su empleada Martínez salieron a ver qué pasaba y el comerciante intentó defender a Ragone pero recibió un disparo mortal en el pecho. Martínez fue alcanzada por una ráfaga de metralleta pero sobrevivió.
En la elevación a juicio, los fiscales señalaron que Lona cerró la investigación en apenas doce días, después de convalidar las irregularidades del sumario policial.
Nunca citó a la testigo baleada ni a personas relacionadas con Ragone, ni a un testigo que, en vísperas de los hechos, había advertido al ex gobernador que un comando había partido desde Córdoba a fin de asesinarlo.
Lona será juzgado también en la causa que investiga la “masacre de Palomitas”, imputado como partícipe necesario del homicidio de 11 presos políticos, en julio de 1976, en un procedimiento fraguado para garantizar la impunidad de los responsables.
