En el marco de esa operación, que incluye registros en domicilios del estado de Río Grande do Norte, fueron detenidos tres antiguos asesores de Alves, quien fue ministro de Turismo durante la gestión de la destituida presidente Dilma Rousseff y mantuvo el cargo una vez que esta fue sustituida por el actual gobernante, Michel Temer.
En junio del año pasado renunció al cargo, cuando surgieron las primeras sospechas sobre sus supuestas actividades ilegales.
Alves, dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el presidente Temer, está en prisión desde junio de este año por su supuesta participación en diversas tramas corruptas, que implicaron hasta fraudes en obras para el Mundial de fútbol que Brasil organizó en 2014.
Según la Fiscalía General, el ex ministro también participó de lo que fue calificado como “banda del PMDB”, que habría operado desde la Cámara de Diputados, de la cual Alves fue presidente entre 2013 y 2015.
El Ministerio Público sostiene que esa “banda del PMDB” benefició a muchos de los dirigentes de la formación que hoy gobierna el país e incluso a Temer, acusado por esos y otros supuestos fraudes de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Esos cargos contra el mandatario fueron analizados y rechazados este miércoles por el pleno de la Cámara Baja, que por imperativos de la Constitución brasileña debe avalar la eventual apertura de un juicio penal contra un presidente en ejercicio.
La sólida base parlamentaria de la coalición gobernante negó el posible enjuiciamiento de Temer con 251 votos, frente a los 233 que la oposición sumó en su esfuerzo por impulsar un proceso que habría separado al mandatario del cargo durante seis meses y causado su destitución si fuera declarado culpable.
