El Proyecto del Senado 1591 busca garantizar las operaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y los servicios esenciales a los ciudadanos, a través de varios mecanismos que garantizarían atender el problema de liquidez que confronta el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).
Declara un estado de emergencia fiscal para, entre otros aspectos, autorizar e instruir al gobernador a cumplir con su deber de salvaguardar la salud, seguridad y el bienestar público de los residentes del Estado Libre Asociado, otorgándole poderes de emergencia para declarar una moratoria temporera en los pagos del servicio a la deuda de todas las instrumentalidades del gobierno, incluyendo sus corporaciones públicas.
El proyecto de 81 páginas divididas en seis capítulos, también enmienda la Ley Orgánica del BGF para cambiar la manera en que se nombraría un síndico, así como para permitir la creación de un “banco puente”. Al sumarse su versión en inglés, se trata de un documento de 164 páginas.
Aprobación sin debate
El portavoz de la Mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, fue quien presentó la medida con el plan de acción a seguir para atender la emergencia fiscal del BGF sometida por el Ejecutivo pasada la medianoche del martes.
Durante su consideración, ningún senador del Partido Popular Democrático (PPD) tomó turno para debatir. Solo Jorge Suárez habló desde su escritorio para presentar enmiendas en sala.
Sí se expresaron los demás portavoces en la Cámara Alta.
“¿Cuáles van a ser los efectos de esta moratoria, entre otras cosas, que dispone el proyecto? En primer lugar, el impacto inmediato va a ser contra las cooperativas de ahorro y crédito y las personas retiradas que invirtieron sus ahorros en bonos del ELA. El segundo efecto van a ser los impagos que provocarán una lluvia de pleitos judiciales y el tercer efecto va a ser un ambiente de poca atracción para prestarle a Puerto Rico”, expuso el portavoz del Partido Nuevo Progresista, Larry Seilhamer.
“Llegaremos a junio 30 y comenzaremos el año presupuestario siguiente sin ningún tipo de acceso a financiamiento alguno y con la dificultad de poder operar el gobierno de Puerto Rico”, señaló.
“No hay nada más cerca de una dictadura que lo que hoy se está aprobando”, estableció.
“Pero más allá de eso, hoy aquí lo que estamos haciendo es violentando la Constitución del ELA (Estado Libre Asociado) y la de Estados Unidos. Particularmente, el Artículo 2 de la sección 7 del ELA, y el Artículo 1 y la Sección 1 de la Constitución de Estados Unidos expresamente prohíben el menoscabo de las obligaciones contractuales, que dispone que no se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. ¿Y cuál es el propósito de esa garantía constitucional? Pues precisamente asegurar la estabilidad de las relaciones contractuales que son tan importantes para el desarrollo económico, la confianza y la credibilidad del gobierno”, agregó Seilhamer, quien también apuntó que la medida delega unos poderes absolutos al gobernador.
“No hay nada más cerca de una dictadura que lo que hoy se está aprobando”, insistió y anticipó que el proyecto será impugnado en el Tribunal Federal y declarado inconstitucional.
El también penepé Thomas Rivera Schatz advirtió que es “peligroso” delegar en el gobernador las facultades que le confiere esta legislación para establecer moratoria.
“Se está cometiendo una barbaridad. Se están asaltando las facultades y obligaciones que la Constitución le impone al pueblo de Puerto Rico”, lanzó Rivera Schatz.
Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, consideró que “la noticia que ha estado circulando los últimos días sobre el estado crítico del banco era un verlo venir”.
“No es posible que haya sorprendido a nadie, pero inexplicablemente, irresponsablemente, las personas con capacidad, con el poder para intervenir en esa crisis seguían pensando que las cosas se iban arreglar solas”, arremetió Santiago.
Aun cuando la senadora del PNP Margarita Nolasco dijo que no se les permitió la participación a las senadoras de minoría, el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, determinó que no procedía su reclamo.
Tras la aprobación, este cuerpo legislativo recesó sus trabajos hasta el jueves, 7 de abril a las 11:00 a.m.
Larga reunión en La Fortaleza
Los legisladores del PPD llegaron a eso de las 8:00 p.m. al Capitolio tras permanecer reunidos cerca de cuatro horas con el gobernador Alejandro García Padilla y su equipo financiero en La Fortaleza.
A pesar de que Bhatia, y su homólogo en la Cámara, Jaime Perelló, aseguraron entonces que la medida sería llevada a votación más tarde en la noche, pasada la medianoche del martes el panorama era todavía incierto.
La propuesta para atender el grave problema fiscal del BGF fue presentada a los legisladores luego que el lunes el banco fue objeto de una primera demanda de un grupo de acreedores en el Tribunal Federal. Sin embargo, fuentes consultadas por este medio aseguraron que la premura para atender la pieza responde al temor de que la inminente insolvencia del BGF provoque que las entidades públicas con cuentas en la institución acudan en masa a sacar sus fondos del ente fiscal para depositarlos en cuentas privadas, tal como hizo el gobierno municipal de Caguas.
Durante una improvisada rueda de prensa celebrada temprano en la noche en La Fortaleza, el Ejecutivo y los líderes legislativos defendieron la intención del proyecto de ley.
“No es una moratoria automática. Es una moratoria general que incluye las obligaciones generales (GO’s) y la deuda de otras instrumentalidades públicas”, anunció la secretaria de la Gobernación, Grace Santana.
La secretaria de la Gobernación indicó que la moratoria incluye el pago del principal y los intereses de la deuda del BGF que vencen próximamente.
“La medida incluye concederle al gobernador la facultad de declarar una moratoria sobre la deuda del BGF y sobre otras instrumentalidades, según sea necesario”, detalló Santana.
