Tres años, dos meses y veintidós días después de la primera audiencia, el viernes 27 de mayo se conocerá el veredicto en el histórico juicio oral y público por crímenes cometidos en el marco de la Operación Cóndor, la asociación ilícita transnacional para la persecución y eliminación de opositores políticos de las dictaduras del Cono Sur.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Capital Federal, integrado por los jueces Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Angel Basílico (juez sustituto), dará a conocer las conclusiones del juicio en el que la Fiscalía, representada por el fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal ad hoc Mercedes Moguilansky, requirió penas para 17 acusados. Salvo uno, que es de nacionalidad uruguaya, los demás son argentinos.
El juicio había comenzado con 22 acusados. Cinco murieron -entre ellos, el dictador Jorge Rafael Videla- o fueron apartados del debate por razones de salud desde el comienzo del juicio, mientras que otros diez no pudieron iniciar el proceso oral por los mismos motivos. La última muerte fue la semana pasada: el ex jefe del Área 5 de la Capital Federal con sede en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 (Ciudadela), Bernardo José Menéndez, llegó a ser acusado por la Fiscalía, que solicitó para él la pena de 16 años de reclusión.
El juicio por los crímenes de la Operación Cóndor es un proceso singular. Según explicó Ouviña en su alegato, el objeto del debate aborda "una plataforma para la estandarización de las prácticas de coordinación represiva presentes en la región" que "implicó la puesta a disposición de recursos humanos, materiales y técnicos entre las dictaduras, con el objetivo de facilitar la destrucción de sus opositores, fueran individuos u organizaciones".
Para probar su funcionamiento, fueron necesarios documentos de diversos acervos del país y de otros lugares del mundo, y la recepción de testimonios de personas que viven en diferentes continentes. "Nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia. Porque la mayoría de nuestros testigos no sólo no residen en la Ciudad de Buenos Aires... Están en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Francia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo", señaló Ouviña en una entrevista publicada por Fiscales en 2013. "No sólo por el paso del tiempo y porque lógicamente muchas personas cambian la residencia, sino porque, cuando hablamos de Operación Cóndor y de concierto de voluntades entre países para cometer delitos, es que hay personas de muchas nacionalidades involucradas", explicó entonces el fiscal.
A lo largo del juicio, la Fiscalía incluso viajó a Paraguay para entrevistarse con testigos y también con funcionarios de ese país, al tiempo que visitó el Museo de la Justicia, donde entregó una rogatoria del TOCF 1 para solicitar documentos del denominado "Archivo del Terror", el acervo que reúne los documentos de la persecución política llevada a cabo por la dictadura de Alfredo Stroessner y que fue vital para reconstruir los acuerdos y los procedimientos que dieron forma a la Operación Cóndor.
Fueron necesarios documentos del país y de otros lugares del mundo y testimonios de personas que viven en diferentes continentes.
Otros documentos que permitieron reconstruir el rompecabezas de la entente criminal fueron los secuestrados en Argentina al agente secreto chileno Enrique Arancibia Clavel -detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto por el Canal del Beagle- y cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos, y los aportados por los equipos de investigación de los ministerios de Defensa e Interior y de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense, la DIPBA. En su conjunto, dieron cuenta del funcionamiento burocrático de una maquinaria internacional dirigida al secuestro y eliminación de oponentes políticos, y a la difamación de las organizaciones que integraban.
La mirada de los vecinos
El juicio oral se llevó a cabo con la unión de cuatro causas que tramitaron por separado durante la instrucción. Una de ellas no aborda la Operación Cóndor como objeto, sino que está centrada en los crímenes en el centro clandestino Automotores Orletti, que fue epicentro de la persecución de uruguayos en nuestro país. El único acusado que llegó a juicio por esta causa es el ex agente de la SIDE, Miguel Ángel Furci, para quien la Fiscalía pidió finalmente la pena de 25 años de reclusión por privación ilegítima de la libertad doblemente agravada en 60 oportunidades y triplemente agravada en otros siete casos, e imposición de tormentos en 123 hechos.
El alegato se extendió poco más de tres meses: se inició el 7 de agosto y culminó el 10 noviembre. A lo largo de su exposión, Ouviña y Moguilansky abordaron la represión en el Cono Sur organizando su exposición de manera similar a la que se produjo la prueba en el debate: describieron los binomios que la dictadura argentina conformó en la Operación Cóndor con Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.
Cuando el juicio recién había comenzado, el fiscal Ouviña declaró a Fiscales: "Los delitos de lesa humanidad exceden el interés particular. Estos hechos no sólo interesan a las víctimas y a sus allegados directos. Les interesan a toda la sociedad. Pero este juicio de Operación Cóndor tiene un interés mucho más amplio, porque están esperando respuestas no sólo argentinos. Están esperando respuesta uruguayos, chilenos, bolivianos, paraguayos. No sólo nuestros connacionales, sino todos nuestros vecinos nos están mirando para ver qué hacemos". La Fiscalía y las partes ya hablaron. Sólo resta la palabra del tribunal.
Los acusados
Con las excepciones del ex agente de la SIDE Furci y del ex militar uruguayo que formó parte del Servicio de Información de Defensa (SID) y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) de su país, Manuel Juan Cordero Piacentini -para quien la Fiscalía también pidió la condena a 25 años de reclusión por considerarlo partícipe necesario de las privaciones ilegales de la libertad agravadas de once personas-, los acusados en este juicio ejercieron durante la última dictadura altos cargos de mando en el Ejército y en la Armada, con ejercicio del dominio territorial en distintos puntos del país.
Por esa razón, en su alegato la Fiscalía argumentó acerca de la responsabilidad de esos militares en el funcionamiento de la asociación ilícita internacional. En algunos casos, imputó sólo el delito de asociación ilícita. En otros, sumó la perpetración del delito de privación ilegítima de la libertad.
De tal forma, Ouviña reclamó la condena de diez años de reclusión para el ex jefe del área militar 112, sede del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada, Federico Antonio Minicucci, y para el ex jefe del Área 331 y director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Carlos Horacio Tragant, a quienes acusó por asociación ilícita.
Además, requirió 16 años de reclusión para otros ocho acusados, como autores del delito de asociación ilícita en concurso material con el delito de privación ilegítima de la libertad doblemente agravada, en grado de coautores mediatos, en diferentes hechos: el ex jefe del área 111 con sede en el Batallón Depósito de Arsenales 601 (Quilmes), Eduardo Samuel De Lío; el ex jefe de la subzona 23 con sede en la Brigada de Infantería VII (Corrientes), Eugenio Guañabens Perelló; el ex comandante de Operaciones Navales de la Armada Argentina, Antonio Vañek; el ex jefe del área 232 con sede en el Distrito Militar Misiones, Carlos Humberto Caggiano Tedesco; el ex segundo jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Felipe Jorge Alespeiti; el ex jefe del subárea 1131 con asiento en el Batallón de Comunicaciones de Comando 601 (City Bell), Néstor Horacio Falcón; y el ex jefe del Área 420 y director de la Escuela de Comunicaciones de Campo de Mayo, Luis Sadi Pepa.
La Fiscalía imputó en algunos casos sólo el delito de asociación ilícita. En otros, sumó la perpetración del delito de privación ilegítima de la libertad.
La Fiscalía además reclamó la condena a 22 años de reclusión para el ex jefe del Área 521 con sede en el Batallón Ingenieros de Construcción 182 de Neuquén, Enrique Braulio Olea, por los mismos delitos y grado de autoría.
Las penas más altas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, de 25 años de reclusión, fueron para los ex comandantes de Institutos Militares Reynaldo Benito Bignone y Santiago Omar Riveros; el ex director de la Escuela de Caballería y jefe del área militar 430, Rodolfo Emilio Feroglio; y para el ex jefe del Regimiento de Infanteria 1 "Patricios", Humberto José Román Lobaiza. También fueron considerados autores del delito de asociación ilícita y coautores mediatos de la privación ilegal de la libertad de diferentes personas.
Finalmente, la Fiscalía pidió la absolución del ex director del Liceo Militar General Espejo de Mendoza, Juan Avelino Rodríguez, de quien no se pudo probar si fue jefe de área y la responsabilidad que en esa calidad se le atribuía en un caso de privación ilegítima de la libertad.
