A continuación se transcribe el documento de pronunciamiento público:
Nos juntamos diferentes organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sectores universitarios, sindicales, culturales y autónomxs para decir: NO a la criminalización sistemática de la comunidad travesti y trans en La Plata, y para denunciar las violaciones continuas (persecución, hostigamiento, armado de causas, violencia física, psicológica y sexual) a los derechos humanos básicos y constitucionales que viven las personas travestis y trans migrantes en la ciudad, violaciones avaladas y enmascaradas por el poder jurídico.
Si bien el caso de Claudia no es una situación aislada, ya que cientos de compañeras se encuentran todos los días con prácticas violentas y discriminatorias que profundizan el exterminio, la precarización y la exclusión sistemática e histórica que ha atravesado a las realidades travesti y trans en la Argentina, es a través de este fallo fascista, xenofóbico y transfóbico que el sistema judicial intenta sentar un precedente aleccionador para disciplinar a toda la comunidad travesti y trans, haciendo abuso de su poder, mostrándole a las compañeras cuál es su destino si no acatan los modos y normas que pretenden imponer las fuerzas represivas del Estado que inundan las calles de los barrios y las ciudades.
Claudia Córdova Guerra fue requisada y detenida el 12 de abril de 2014 por personal de civil de la Dirección Departamental de Información (DDI) de La Plata, en un accionar absolutamente irregular, con un integrante del propio equipo policial como testigo principal. En un proceder judicial plagado de arbitrariedades e inconsistencias, el pasado martes 10 de mayo se conoció la sentencia del juez penal platense Juan José Ruiz del Tribunal Oral en lo Criminal I quien condenó a Claudia a cinco años y tres meses de prisión bajo la acusación infundada de vender drogas, y sostuvo en todo momento del fallo su nacionalidad peruana como agravante de la pena, agravante que fue propuesto en primer lugar por el fiscal Chiorazzi. Éste último, a su vez, sostuvo que "el ejercicio aparente de la prostitución" puede considerarse otro agravante más de la causa.
A lo largo del fallo absolutamente fascista, xenofóbico y transfóbico se plantea que la situación de extranjería plantea una diferencia de derecho, afirmando literalmente que "el principio de igualdad ante la ley no es tan cierto ni absoluto"; a su vez, el fallo continuamente vulnera la identidad de género de Claudia, tratándola en masculino y entrecomillando su nombre, violando el artículo 12 sobre trato digno de la Ley de Identidad de Género.
Señalamos que Claudia es una mujer trans, migrante, peruana y pobre, y que este fallo, que intenta ser disciplinador, viola el principio de igualdad ante la ley consagrado por la Constitución Argentina y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional; pretendiendo además instalar la noción xenófoba de la peligrosidad en sí misma de lxs extranjerxs. Exigimos el juicio político y la destitución urgente del Juez Juan José Ruiz y el fiscal Martín Raúl Chiorazzi, demandando el cese de sus acciones clasistas, xenófobas y transfóbicas contra nuestra comunidad.
Del mismo modo que no olvidamos el fallo nefasto de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargés el año pasado, quienes atenuaron la condena a un violador alegando que "la así llamada sexualidad precoz y torcida" del niño abusado eran factores que reducían el daño de la violencia sexual, no vamos a permitir de ningún modo que la justicia siga profundizando la exclusión social de nuestra comunidad con vergonzosos fallos discriminatorios y con acciones vejatorias, como las del fiscal Fernando Cartasegna que prolonga las detenciones de nuestras compañeras, agravando aún más una situación por demás alarmante.
La resolución impulsada por Chiorazzi y Ruiz se hace eco del proyecto del Estado local en manos de Julio Garro, quien amparado en argumentos mentirosos y discriminatorios, propone mudar la zona roja al bosque, acentuando las condiciones de precariedad y sobreexposición de las compañeras a todo tipo de violencias, desconociendo que las trans y travestis viven en ese territorio y que ellas son también vecinas que cuentan con derechos humanos básicos y constitucionales, por sobre todas las cosas. Todo esto parece ser negado rotundamente por Garro, su gobierno y programa de "mano dura", quien con sus argumentos transfóbicos establece una especie de sentido común retomado por los medios y la justicia, en donde la palabra "vecin*s" sólo pareciera representar forzosamente a un puñado de voces cis-hétero propietarias en permanente estado de pánico moral. Dicha valoración sobre lxs vecinxs instala una suerte de "vecinocracia", en donde sólo unxs privilegiadxs parecieran tener la razón y derecho a una vida "tranquila", y a otrxs les y nos toca la exclusión y continua vulneración de sus derechos. Por otra parte, afirmamos que el proyecto de relocalización de la zona roja forma parte de una avanzada creciente de privatización del espacio público que se extiende por la ciudad, sostenida por los intereses propietarios y la especulación inmobiliaria.
Queremos denunciar la militarización de la zona roja en convivencia con la narcomafia policial que sostiene esta situación y la recrudece a diario, en donde la policía provincial y local, civiles y gendarmería son parte de un mismo aparato que violenta, secuestra y asesina sistemáticamente a las compañeras travestis y trans. Señalamos y repudiamos las rutinas cotidianas de violencia policial que caracterizan a los operativos en la zona: continuas golpizas, amenazas, desnudez forzada y tacto rectal en la vía pública, múltiples vejaciones a la identidades y los cuerpos de las compañeras son parte de un accionar institucional abusivo que se encuadra dentro de la categoría de "tratos crueles, inhumanos y degradantes" denunciados a nivel internacional por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (Asamblea General Naciones Unidas).
Desde el Frente de Organizaciones TLGB decimos que los discursos xenófobos, transfóbicos y discriminatorios profundizan las estructuras de exclusión de las cuales la comunidad travesti, trans y migrante son su principal víctima.
Por esta razón, denunciamos al diario local El Día que desde su aparato mediático reproduce y profundiza esta realidad. Con la enunciación de la figura de la "narcotravesti", este diario estigmatiza y criminaliza al colectivo travesti y trans, ocultando la verdadera trama mafiosa que sostiene esta situación, y refuerza un sentido común discriminatorio, transfóbico, xenófobo y prejuicioso que avala prácticas de violencia, deshumanización y exclusión social.
Por todo lo antes dicho, las organizaciones TLGB nucleadas en este frente y otros espacios levantamos nuestra voz y demandamos:
·¡Libertad inmediata a Claudia Córdova Guerra!
·¡No a la criminalizacion de la comunidad trans migrante!
·¡Juicio político y destitución urgente del juez Juan José Ruiz y el fiscal Martin Chiorazzi!
·¡No a la vulneración sistemática e histórica de los derechos humanos de las personas trans y travestis!
·¡Basta de racismo, xenofobia y transfobia!
·¡Basta de violencia mediática!
·¡Reclamamos la reglamentación de la Ley de Cupo Laboral Trans en provincia, y la sanción y reglamentación del Proyecto de Ciudadanía Trans presentado en el Municipio de La Plata!
·¡Reclamamos Ley de Reparación Histórica para el colectivo trans y travesti, por parte del estado!
·¡Decimos No a la militarización de la zona roja! ¡Fuera gendarmería de nuestras calles!
·¡Basta de vecinocracia! ¡Las travestis y trans también somos vecinas en la ciudad!
·¡Justicia por Diana Sacayán, por la Moma, por Laura Moyano, por Bella Inostroza y por todas las compañeras travestis y trans asesinadas por el sistema transfóbico! ¡Basta de travesticidios y transfemicidios! ¡Ni una menos!
·¡No estamos todas, faltan las trans y travestis presas!
Agepeba Agencias de Prensa
Colectivo Otrans La Plata (foto: cortesía Diario Contexto)
