Un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), conocido hoy, obliga al Estado argentino a tomar “medidas urgentes” para reducir la cantidad de personas privadas de su libertad y limitar las detenciones por períodos prolongados en la provincia de Buenos Aires.
La medida cautelar del organismo de la OEA se dictó a partir de las denuncias presentadas en 2014 por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Defensoría de Casación bonaerense, a raíz de las graves violaciones de los derechos humanos constatadas en seis comisarías de Lomas de Zamora y La Matanza.
“Con esta reciente resolución, la CIDH avala y reconoce las denuncias realizadas desde entonces y obliga al Estado nacional y provincial a garantizar la vida y la integridad física de las personas detenidas. En ese sentido, el fallo exige la reducción drástica de la cantidad de detenidos y la limitación de detenciones por períodos prolongados. Asimismo requiere que el Estado informe en un plazo de 10 días las medidas adoptadas”, explicaron desde la CPM.
En los fundamentos de su resolución, la CIDH da cuenta de la sobrepoblación del 382% en las dependencias policiales de Lomas de Zamora y del 13.800% en las comisarías de La Matanza.
A esto se suman las extremas condiciones de hacinamiento, graves deficiencias edilicias (ausencia de luz natural, falta de agua, humedad, etc.), nulo o ineficiente acceso a la alimentación y la salud, un régimen de vida de encierro absoluto y la práctica sistemática de la tortura.
“Si bien los datos corresponden a seis comisarías de los partidos bonaerenses, la emergencia humanitaria se extiende a todos los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires”, aclaró la CPM.
Las denuncias ante la CIDH se realizaron “en virtud del agravamiento de las condiciones de detención”, tras la declaración de la emergencia en materia de seguridad impulsada por el entonces gobierno provincial de Daniel Scioli, que volvió a habilitar los calabozos de las comisarías como lugares de encierro.
Scioli puso fin a la medida el 2 de abril de 2015, pero apenas asumió el nuevo gobierno de Cambiemos, María Eugenia Vidal decretó la Emergencia en Seguridad, el Servicio Penitenciario y en Infraestructura.
En la actualidad, hay 39.927 detenidos en la provincia de Buenos Aires, lo que constituye la cifra de prisionización más alta de toda la historia, según indicó la CPM.
Esta situación ya había sido recogida en diciembre pasado por la Corte de Justicia bonaerense, que mediante la resolución nº 2840 reconoció el colapso el sistema penal en los términos en que fue denunciado por la CPM e indicó a los jueces que controlen y eviten detener personas en las comisarías, dato que también menciona el fallo de la CIDH.
En este marco, desde la CPM reiteraron “la necesidad de encarar reformas estructurales urgentes que pongan fin a las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que ocurren en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires”.
