Según informa este martes el periódico español El País, en la primera jornada del inicio del juicio sobre el caso Nóos, trama de tráfico de influencias, desvío de fondos y evasión fiscal, el fiscal Pedro Horrach presentó un nuevo informe de Hacienda que exculpa a la infanta Cristina de los delitos fiscales atribuidos a su esposo, Iñaki Urdangarin.
“El retorcimiento de la defensa de la infanta perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la Corona y la propia infanta quedaría estigmatizada socialmente si no se sigue con este juicio”, afirma la letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete.
De acuerdo con el reporte, durante la primera sesión del juicio, que arrancó en la Audiencia Provincial de Baleares, la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, y la defensa intentaron convencer al tribunal la aplicación de la doctrina Botín en el caso de la infanta y el archivo de la causa contra ella.
A este respecto, agrega la nota, las partes presentaron argumentos para justificar la eliminación de la infanta del banquillo de los acusados como cooperadora necesaria de los dos delitos fiscales de los que acusan a su esposo, según se le imputa la acusación popular del sindicato Manos Limpias.
Desde el punto de vista de Horrach, mantener a la hermana del Rey Felipe VI en el banquillo podría “quebrantar la doctrina emanada hasta la fecha por el Tribunal Supremo y una discriminación no justificada” contra ella.
Para el fiscal, “no se puede trasladar al ámbito penal lo que supone una infracción administrativa de la infanta en su papel en la empresa Aizoon”, ya que el documento sostiene que Cristina era socia y no administradora de la firma de la que era titular su marido, lo que la exoneraría de ser cooperadora necesaria.
Por su parte, el abogado de la infanta Cristina, Jesús María Silva, citó como ejemplos 10 sentencias que han impedido juzgar a una persona por delito fiscal cuando solo había acusaciones populares, y la fiscalía y Abogacía del Estado no tenían acusaciones: “Debería aplicarse esta doctrina (…) Esta doctrina es vinculante para los órganos de la jurisdicción, dice el Supremo”.
La infanta Cristina se presenta ante el juicio como uno de los 18 acusados del caso Nóos, 11 de enero de 2016.
Todas estas afirmaciones tienen como base la sentencia del Tribunal Supremo del año 2007, que obligó a archivar una causa por delito fiscal contra el fallecido banquero Emilio Botín acusado en un caso de cesiones de créditos, porque no existía ni acusación del fiscal ni de acusación particular alguna.
A partir de esa fecha, la doctrina Botín se ha convertido en una vía para establecer excepciones en los procesos legales que son impulsados solo por acusación popular.
En tanto, la letrada del sindicato Manos Limpias, Virginia López Negrete, sostuvo que “el retorcimiento de la defensa de la infanta perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la Corona y la propia infanta quedaría estigmatizada socialmente si no se sigue con este juicio”.
Por su parte, José Castro, juez que ha investigado durante cinco años el caso Nóos y los negocios de Urdangarin y sus socios, recalcó el lunes en una entrevista concedida a la Cadena SER a puertas del juzgado que “no contemplo la posibilidad de que pueda aplicarse en este caso (…) No me planteo la posibilidad de que se aplique la doctrina Botín, tengo claro que no se puede”.
Ayer 11 de enero, arrancó la primera sesión del proceso judicial sobre el caso Nóos, y está previsto concluirlo el 30 de junio, después de haber celebrado 67 sesiones.
Las pesquisas del caso arrancaron en julio de 2010, bajo secreto de sumario, y se cerraron en mayo de 2015. El expediente del caso cuenta con 104 tomos, 45.000 folios y otros 30.000 folios de documentos anexos.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a un total de 14 personas mientras que la acusación popular eleva esa cifra hasta 18, entre ellas, la infanta Cristina. El escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción suma 107 años de cárcel para los 14 procesados.
