El expresidente de facto, nacido el 16 de junio de 1926, no estará presente en la sala por su delicado estado de salud y la incapacidad comprobada que motivó aplazar en agosto del año pasado el proceso iniciado en su contra desde 2013.
Por sus problemas de salud, el exgeneral tampoco enfrentará prisión pese a 900 pruebas probatorias de su responsabilidad en la masacre que segó la vida de mil 771 personas mayas-ixchiles en la región petrolera de Ixcán, de la Franja Transversal del Norte, en el contexto de la guerra interna (1960-1996).
Documentos militares, informes, peritajes antropológicos y testimonios revelaron que miembros del Ejército también violaron sistemáticamente a mujeres y niñas en el área, convirtieron en esclavas sexuales a algunas y hasta provocaron muertes por esa causa.
Todo con el consentimiento de Ríos Montt, quien autorizó ejecutar los planes operativos Victoria 82, Firmeza 82 y 83 y Sofía en esa zona del departamento norteño del Quiché, en Guatemala.
De acuerdo con lo ordenado en agosto de 2015 por la jueza María Eugenia Castellanos, la vista oral especial de este lunes sólo tiene como propósito la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección.
Además, durante la audiencia apenas podrán estar presentes las víctimas sobrevivientes, sin intervención de los medios de comunicación.
La intención de aplicar justicia en este caso data del 28 de enero de 2013, cuando el juez primero B de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez dio apertura de juicio contra Ríos Montt y su exdirector de Inteligencia Militar, José Mauricio Rodríguez.
Tres meses después se abrió formalmente el proceso por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra el exgeneral, quien el 10 de mayo de 2013 recibió 80 años de prisión por sentencia de la jueza Jazmín Barrios.
Con ese fallo, Ríos Montt devino el primer exdictador latinoamericano condenado por permitir ataques constantes contra la población civil, al avalar la supuesta existencia del enemigo interno y las operaciones contra esta con la excusa de que colaboraba con las guerrillas comunistas.
Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló el veredicto de Barrios so pretexto de errores procesales y ordenó realizar de nuevo el juicio, por lo cual este fue retomado en agosto de 2015.
El querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos insiste en dirimir de una vez, por cuanto de 2013 a la fecha murieron por enfermedades asociadas a la vejez cuatro del centenar de testigos de este caso por genocidio.
