La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, descartó hoy que vaya a renunciar al cargo y en forma vehemente denunció la existencia de un intento de "golpe" para sacarla del poder mediante un juicio político que le ha iniciado la oposición en el Congreso, al recibir el respaldo de cientos de abogados en el Palacio del Planalto, sede del gobierno en Brasilia.
"No hay lugar para medias tintas: lo que está en curso es un golpe contra la democracia; jamás renunciaré", afirmó Rousseff en un pronunciamiento que apunta a dar batalla contra el proceso de juicio político que debe ser sometido a votación, según la oposición, a partir del 11 de abril.
Con ese discurso, la presidenta condenó el posicionamiento político de los jueces, al recordar que fue blanco de escuchas telefónicas divulgadas públicamente por parte del magistrado federal Sergio Moro, que investiga el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, sin que, según ella, respetase la Constitución ni dejara el asunto en manos del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema).
En la grabación divulgada, Rousseff habla con el ex presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, investigado por Moro por supuestos vínculos con empresas constructoras involucradas en el caso Petrobras, y le pide que firme un acta de asunción como jefe de ministros "si cree que hay necesidad", lo que según la oposición apuntaba a proteger con fueros al líder del Partido de los Trabajadores (PT) gobernante.
"No renuncio bajo ninguna hipótesis; no importa si el arma es un fusil o la voluntad de ciertas personas de llegar al poder", sostuvo la mandataria en su discurso más duro desde que estalló la crisis el jueves pasado por la asunción de Lula como jefe de ministros, nombramiento que quedó en suspenso por decisión judicial y aún debe ser autorizado por el STF.
Rousseff aseguró que existe en Brasil una "ruptura institucional que está siendo forjada en los peores sótanos de la baja política" y clamó para que el Poder Judicial "despierte para combatir la corrupción respetando los derechos de todos los ciudadanos, con conquistas civilizatorias como la presunción de inocencia y el amplio derecho de defensa".
Sostuvo que "el encargado de hacer justicia opta por violar la ley, no puede transformarse en militante partidario, no puede abdicar de la imparcialidad" porque "la justicia se debilita y la Constitución se rasga cuando son grabados diálogos de la presidenta sin autorización de la corte".
La mandataria recordó que fue presa política de la última dictadura militar brasileña entre 1970 y 1972, expresó que ahora debe luchar "para no ser víctima en plena democracia" y agregó que los que buscan destituirla niegan la existencia de un golpe así como negaban la existencia de los presos políticos en ese régimen de facto (1964-85).
El discurso de Rousseff terminó con un grito que se ha convertido en parte de la movilización de quienes no apoyan el impeachment: "Nao vai ter golpe" (No habrá golpe).
En el encuentro, el ex presidente de la Asociación Nacional de Jueces y gobernador del estado Maranhao, Flavio Dino, del Partido Comunista do Brasil, advirtió sobre el avance de "movimientos de perfil fascista en las calles" y sostuvo que no es la primera vez que se usa la corrupción como argumento para "intentar deponer un gobierno".
En el frente jurídico, el gobierno sufrió dos derrotas luego de que los ministros del STF Luis Fux y Rosa Weber denegaran recursos de hábeas corpus para eliminar la anulación de la asunción de Lula hecha por el magistrado Gilmar Mendes, un reconocido opositor y aliado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Antes del discurso de Rousseff, Moro lanzó la fase número 26 de la Operación Lava Jato con foco en una red de corrupción originada en la contabilidad paralela de la empresa constructora Odebrecht, en la cual, según la fiscalía, existen indicios de entrega ilegal de dinero para obras de infraestructura que superan el caso vinculado a la petrolera Petrobras.
Mientras tanto, en el Congreso, la Comisión de Juicio Político alivió la situación de Rousseff al no incluir allí la delación premiada con acusaciones a la presidenta del senador Delcidio Amaral, confeso de obstruir a la justicia que había lanzado imputaciones contra la mandataria sobre presionar a magistrados para evitar que las investigaciones se profundicen.
