Maiana Diniz- Vale, una de las propietarias de la empresa, y la consultoría VogBR –responsable de emitir un informe técnico que avaló la estabilidad de la presa que se rompió– también fueron acusadas.
En un comunicado, Vale declaró que recibió con sorpresa la noticia de la acusación y que su responsabilización [por el desastre] “refleja una comprensión personal del comisario y se produce en un momento cuando las verdaderas causas del accidente no fueron todavía técnicamente verificadas, y son, por lo tanto, desconocidas”. La nota dice también que la empresa demostrará técnicamente que las premisas de la Policía Federal “no tienen efectiva relación de causalidad con el accidente”.
Samarco informó, por medio de una nota, que no concuerda con la acusación presentada por PF en contra profesionales de la empresa. Según la minera, hasta el momento “no existe ninguna conclusión técnica respecto a las causas del accidente”.
VogBR dijo que aguarda una comunicación oficial de la PF para pronunciarse sobre el asunto.
Las empresas son acusadas de contaminación ambiental y de causar daños a la salud humana, la muerte de animales y la destrucción de la flora –delitos previstos en la Ley de Delitos Ambientales–, entre otras infracciones. La pena para este delito es de seis meses a cinco años de prisión, además de una multa.
El colapso de la presa de Fundão, ocurrida el último 5 de noviembre, en Mariana, estado de Minas Gerais, causó la muerte de 17 personas, devastó municipios, afectó el suministro de agua en decenas de ciudades y sigue causando graves impactos ambientales en el río Doce y en el océano Atlántico.
Fuente: Agencia Brasil
