Según un informe del miércoles, divulgado por la página Web The Electronic Intifada, la base de datos del llamado Mecanismo para la Reconstrucción de Gaza (GRM, por sus siglas en inglés), propuesto por la ONU, incluye información personal de los habitantes de Gaza, de la cual podría abusar la parte israelí para identificar a sus futuros objetivos.
La ONU, por ser parte en el GRM, está en sí misma contribuyendo al mantenimiento del bloqueo y, por lo tanto, está ayudando y asistiendo a violaciones del derecho internacional”, considera el profesor Nigel White, de la Universidad de Nottingham (Reino Unido).
“La ONU, por ser parte en el GRM, está en sí misma contribuyendo al mantenimiento del bloqueo y, por lo tanto, está ayudando y asistiendo a violaciones del derecho internacional”, considera White, para después advertir de la complicidad activa de la ONU en los crímenes de guerra israelíes.
En este sentido, recalca que “si la ONU persiste en la ayuda y la asistencia a la aplicación de la GRM, será solidariamente responsable de los daños y perjuicios causados a la población de Gaza”.
El GRM, creado en septiembre de 2014 por iniciativa de la ONU, es un acuerdo temporal entre Palestina y el régimen de Tel Aviv a fin de permitir y acelerar los trabajos de construcción y reconstrucción en la Franja de Gaza.
Entre el 8 de julio y el 26 de agosto de 2014, el régimen israelí perpetró una brutal ofensiva contra la Franja de Gaza. El desastre provocado llevó a la ONU a poner en marcha una investigación en torno a posibles crímenes de guerra cometidos contra los residentes del enclave costero.
El 22 de junio de 2015, la Comisión independiente de investigación de la ONU sobre el conflicto de Gaza en 2014 denunció los crímenes de guerra cometidos por el régimen israelí durante su ofensiva contra Gaza en 2014.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) aprobó en julio de 2014 una resolución que, además de condenar al régimen de Israel por sus ataques contra la asediada Franja de Gaza, creó una comisión para investigar supuestos crímenes y violaciones del derecho internacional y urgió a que se pusiera fin a la ocupación de los territorios palestinos, iniciada en 1967.
La resolución fue aprobada por 29 votos a favor y 17 abstenciones. El único voto en contra fue el de Estados Unidos, principal aliado del régimen de Tel Aviv.
Tras la emisión de esta resolución, el régimen de Israel anunció que no cooperaría con la ONU en el proceso investigativo de crímenes de guerra en Gaza.
